Ante todo, tiene que haber voluntad política de liderar, planificar y afrontar los problemas; luego deben convocar a equipos técnicos calificados…
Martes 10 de enero de 2012 - 07:00 am
De a pocos se avanza, pero falta mucho para consolidar el proceso de descentralización: el más reciente informe del MEF confirma que los gobiernos regionales solo gastaron el 64,8% del presupuesto del año pasado, dato que debe ser evaluado críticamente por la ciudadanía.
Hay que subrayar que, en los últimos años, muchas funciones y partidas presupuestales manejadas por el Gobierno Central fueron transferidas a los gobiernos regionales. Pero, lamentablemente, varios de ellos aún no terminan de asumir su responsabilidad y continúan culpando al Ejecutivo de diversos problemas que debieran asumir.
Efectivamente, por un lado son destacables los casos de las regiones Ucayali, San Martín y Arequipa, que han sido las que mejor usaron sus presupuestos, a pesar de no contar con recursos provenientes del canon minero. Del otro lado, sin embargo, en el sótano del ránking, están Puno y Tacna, cuyas justificaciones resultan insostenibles.
¿Qué está fallando?, es lo que nos preguntamos. Ante todo, tiene que haber voluntad política de liderar, planificar y afrontar los problemas; luego deben convocar a equipos técnicos calificados que sepan elaborar e implementar proyectos de factibilidad y prefactibilidad. Finalmente, tienen que supervisar permanentemente la calidad del gasto y aplicar los lineamientos del presupuesto por resultados.
El país no podrá avanzar sino mejora esta realidad. Los presidentes regionales y sus consejeros deben rendir cuentas de su actuar y los ciudadanos exigirles resultados para rectificar el rumbo o, en los casos más graves, no reelegirlos.
Las graves consecuencias de la minería ilegal y los pasivos mineros
Los 1.237 pasivos mineros ambientales en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, que contaminan el agua, el suelo y malogran el ambiente, son solo la punta del iceberg de un problema mayor que afecta desde hace décadas a todo el país.
Hasta marzo del 2010, el Registro de Pasivos Mineros del Ministerio de Energía había contabilizado oficialmente 5.551 zonas de contaminación en abandono, generados por una minería antigua, que no respetaba parámetros ambientales, o por mineros informales. A ello habría que agregar decenas de lugares donde se practica la minería ilegal, que causa los mismos perjuicios altamente contaminantes.
¿Y qué ha hecho el Estado? Pues muy poco. En el 2010 destinó apenas 10 millones de soles para remediar 119 pasivos en Hualgayoc, menos del 10% de los que existen en esa zona. Y, para colmo de males, aún no ejecuta ese presupuesto.
Allí no queda todo. Otra consecuencia de los pasivos mineros es que, al afectar a las comunidades y no haber respuesta del Estado para garantizar el equilibrio ambiental, malogran aun más la minería formal y generan conflictos sociales, con lo cual todos pierden.
El Gobierno debe reaccionar y coordinar con los gobiernos regionales, que no pueden ser ajenos al problema, para registrar los pasivos mineros, identificar a los responsables y exigirles acciones urgentes.
Lo que no puede hacer el Estado es seguir con una actitud pasiva ante un problema tan delicado y complejo, que requiere de una solución eficiente para que no se siga atentando contra los ciudadanos y el medio ambiente.
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