Por Gonzalo Carranza, director y conductor de Mercado Express - Willax TV
01 de Octubre de 2010
Las últimas encuestas publicadas antes de que la “ley mordaza” impidiera difundir éstas señalaban que el Sí ganaría de manera aplastante en el reférendum sobre el proyecto de ley para la devolución de los aportes del antiguo Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Básicamente, la otra votación de este domingo consiste en marcar sí o no para aprobar una propuesta que un escasísimo porcentaje de ciudadanos ha leído y sobre la que ningún peruano –desde el ministro de Economía hasta el líder de los fonavistas– tiene un cálculo exacto de costos o de beneficiarios.
La cifra de la deuda del Estado con los fonavistas que ha circulado en los medios es de entre S/.20,000 millones y S/.30,000 millones e incluye los aportes de los fonavistas, de sus empleadores, del Estado y de las empresas constructoras que, en su momento, estuvieron obligadas a contribuir con este fondo. Pero existe una cifra alternativa, estimada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), muchi más modesta: S/. 3,500 millones.
La diferencia estriba en que el IPE parte de una recomendación hecha por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la devolución de estos fondos, señalando que sólo se debía considerar los aportes de los empleadores y no el resto. No obstante, legalmente, esta sugerencia no tiene una jerarquía mayor al texto de la ley que se aprobaría en el referéndum del domingo, así provenga del TC. Lo mismo sucede con la recomendación de pagar la deuda en obras: si la ley dice que se paga al cash, pues se paga al cash.
Tomando ello en cuenta, pareciera que este domingo la victoria del Sí abriría un escenario apocalíptico, en el que el Estado tendría una nueva deuda prácticamente impagable a menos que se tomen medidas extraordinarias, como el temido aumento del IGV que deslizó semanas atrás el presidente Alan García. Pero una lectura atenta del proyecto de ley por el que todos votaremos permite vislumbrar que la devolución del Fonavi podría abrir otra puerta, no sólo menos temible, sino incluso deseable. Veámosla por el rabillo de la cerradura, a ver qué hay detrás de ella.
A las puertas del cielo
El texto del proyecto legislativo tiene algunos detalles obviados por la mayoría de analistas que podrían convertirlo, más bien, en la puerta perfecta para iniciar una segunda ola privatizadora y reformista en el Estado peruano.
En primer lugar, el proyecto establece seis modalidades diferentes de pago. Una de ellas es el tan mentando pago en efectivo, pero existen otras cinco, entre las cuales se incluye la entrega de bonos.
Por otro lado, la determinación de la forma de pago estaría a cargo de una comisión ad hoc conformada en mayoría por el Poder Ejecutivo (7 miembros) y en minoría por la Asociación de Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú - ANFPP (3 miembros). Dentro de los miembros del Ejecutivo tiene particular peso el habitualmente reformista MEF, con dos integrantes propios y dos de la SUNAT.
Finalmente, cuando lo entrevisté en Mercado Express, pocos días después de que el presidente García lanzara la bomba del aumento del IGV para pagar el Fonavi, el líder fonavista Raúl Canelo me dijo que los fonavistas estarían dispuestos a recibir en efectivo el dinero que quedara repartido en diferentes dependencias estatales. Los cálculos del propio Canelo indican que ese monto asciende a unos escasos S/.14 millones.
¿De dónde saldría la diferencia entre S/.14 millones y S/.30,000 millones? Si la comisión ad hoc asume una visión reformista, podría devolverse la mayor parte de los fondos a los fonavistas mediante la repartición de bonos canjeables o convertibles por acciones de las empresas aún estatales, como Petroperú, Perupetro, Sedapal, el Banco de la Nación, entre tantas otras que están todavía en manos del Estado y que bregan tortuosamente por alcanzar un día su listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
La devolución del Fonavi sería, entonces, la excusa perfecta para ejecutar una privatización masiva de participaciones accionarias en empresas públicas, con una gran participación popular y con la posibilidad de reglamentar una posterior venta en la BVL de las acciones por las que podrían canjearse los bonos establecidos en la propia ley de devolución.
No sólo eso: los fonavistas parecen querer recibir acciones de empresas públicas, con lo cual disminuyen las posibilidades de que la deuda de los bonos se haga efectiva en pagos monetarios. Así, otras versiones de la propuesta legislativa que han circulado en Internet difundidas por la propia ANFPP o por sus simpatizantes incluyen dentro de las modalidades de pago la entrega directa de acciones y, en la entrevista que le hice, Canelo se mostró dispuesto a recibir acciones de MiVivienda, por ejemplo. Y, en el peor de los casos, si los fonavistas no ejecutan el canje de los bonos por las acciones y finalmente deben hacerse pagos en efectivo, estos ocurrirían en los plazos y condiciones del bono, con lo cual esta propuesta también es una forma de aumentar el período de pago real más allá de los ocho años que establecería la ley.
Lamentablemente, a diferencia de sus versiones “apócrifas”, el texto oficial del proyecto, publicado en El Peruano y repartido por la ONPE en folletos durante las últimas semanas, no habla de acciones. Sí lo hace, en cambio, de bonos, y no define qué características deberían tener estos. Ello viabiliza la propuesta de que estos bonos sean títulos valores de empresas públicas canjeables o convertibles por acciones de esas compañías. Esta condición daría liquidez a los títulos, una retribución a los fonavistas adicional a la que el Estado realmente puede pagar, y obligaría, de una vez, a que las empresas involucradas adopten los estándares de transparencia, eficiencia, rentabilidad y gobierno corporativo que una emisión de bonos o un listado bursátil exigen. La pesadilla del Fonavi abre la puerta a este sueño.
Tomado de : Semana Economica.
